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NOTA INFORMATIVA 6 – CUOTAS PARA AUTÓNOMOS A PARTIR 01 ENERO 2023

El pasado 27 de julio de 2022 se publicó el RD-ley 13/2022 por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023.

El mencionado RD-ley introduce las siguientes novedades:

1.- Nuevo sistema de cotización.
a. Cotización en el RETA.
Los autónomos cotizarán en función de los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o profesionales.
Para determinar la base de cotización se tendrán en cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos durante cada año natural por sus distintas actividades profesionales o económicas.
El RD-ley establece la tabla general y reducida de bases de cotización para los años 2023, 2024 y 2025


Teniendo en cuenta estas tablas, la cotización se determinará siguiendo las siguientes reglas:
1º. Se deberá elegir la base de cotización mensual en función de su previsión del promedio mensual de rendimientos netos anuales dentro de las tablas anteriores.
2º. Cuando se prevea que el promedio mensual de rendimientos netos anuales puede quedar por debajo del importe del tramo 1 de la tabla general, los autónomos deberán elegir la base de cotización entre los tramos de la tabla reducida.
3º. Los autónomos deberán cambiar su base de cotización a fin de ajustar su cotización anual a las previsiones que vayan teniendo de sus rendimientos netos, en los plazos que se indican a continuación.
4º. En el caso del cónyuge y parientes del autónomo, administradores de socie-dades y socios trabajadores de sociedades laborales, no podrán elegir una base de cotización mensual inferior a la base mínima del grupo de cotiza-ción 7 del Régimen General de la Seguridad Social, cuyo importe para el 2022 es de 1.666,67 €.
5º. Las bases de cotización mensuales elegidas tendrán carácter provisional, hasta que se proceda a la regularización.

Una vez fijado el importe de los rendimientos netos anuales, se determinarán las bases mensuales definitivas a 31 de diciembre de 2022, procediéndose a regularizar la cotización provisional mensual efectuada por el autónomo de la siguiente manera:
– Si la cotización provisional efectuada fuese inferior a la base mínima del tramo en el que estén comprendidos los rendimientos, el autónomo deberá ingresar la diferencia entre ambas cotizaciones, sin recargos ni intereses.
– Si la cotización provisional efectuada fuese superior a la base máxima del tramo en el que estén comprendidos los rendimientos, la Seguridad Social comunicará la cantidad a devolver, pudiendo el autónomo renunciar a la devolución manteniendo la base por la que venía cotizando.

– b. Plazos para el cambio de base de cotización

Se podrá cambiar hasta seis veces al año la base por la que vengan obligados a cotizar con los siguientes efectos:

Junto con la solicitud de cambio de base de cotización mensual, los trabajadores deberán efectuar una declaración del promedio mensual de los rendimientos económicos netos anuales.

2.- Nueva tarifa plana por el inicio de actividad por cuenta propia en el periodo 2023 a 2025.

Se contempla una nueva “tarifa plana” para aquellos que causen alta inicial o no hubieran estado de alta en los dos años anteriores en el régimen de autónomos. Tendrá una duración de 12 meses, pudiéndose prorrogar por 12 meses más cuando los rendimientos económicos netos anuales sean inferiores al SMI que corresponda a este periodo.
El importe de la cuota bonificada será de 80 € al mes.
Aquellos que vinieran disfrutando de la tarifa plana a 1 de enero de 2023, continuarán disfrutando de ella en los mismos términos en que fue reconocida.

3.- Mejoras en la protección por cese de actividad.

Las mejoras introducidas son:
a) Cese de actividad parcial por causas económicas:

1. Autónomos con trabajadores:
Se entiende como causa de cese de actividad parcial la reducción del 60% de la jornada de la totalidad de los trabajadores o la suspensión temporal de contratos de, al menos, el 60% de los trabajadores.

2. Autónomos sin trabajadores:
Es necesario el mantenimiento de deudas exigibles con acreedores cuyo importe supere el 150% de los ingresos ordinarios o ventas durante los dos trimestres fiscales previos a la solicitud y que estos ingresos o ventas supongan a su vez una reducción del 75 % respecto de los mismos periodos del ejercicio anterior.

b) Se incluye un nuevo supuesto de cese de actividad parcial por fuerza mayor vinculada a una declaración de emergencia adoptada por la autoridad com-petente y a la caída de ingresos del 75 % de la actividad.

c) Se crea la prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas trabajadoras autónomas de un sector de actividad afectado por el Mecanis-mo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su modalidad cíclica (en el caso de crisis económicas cíclicas o sectoriales)

En cuanto a la cuantía de la prestación, en el caso de las letras a) y b) el importe será del 50 % de la base reguladora mientras que en el caso de la letra c) el importe de la prestación será del 70% de la base reguladora.

La cuantía a ingresar en el RETA será la correspondiente según el tramo de rendimientos establecidos en la tabla aplicando el tipo de cotización vigente del 30,60 %.

NOTA INFORMATIVA 5 -MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD ENERGÉTICA. MODIFICACIÓN DEL TIPO IMPOSTITIVO DEL IVA

El pasado 26 de junio del 2022 fue publicado en el BOE el RDL 11/2022 sobre medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Este R.D. establece en el artículo 18, con efectos desde el 1 de julio de 2022 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, la aplicación del Tipo Impositivo del 5% de IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica efectuadas a favor de titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia contratada (término fijo de potencia) sea inferior o igual a 10 Kw, con independencia del nivel de tensión del suministro y la modalidad de contratación, siempre que el precio medio de la electricidad del mes anterior al del período de facturación haya superado los 45€ /Mwh.

Por lo tanto, a partir del mes de julio y hasta el 31 de diciembre del 2022, se crea un nuevo tipo impositivo del IVA del 5%, destinado exclusivamente al suministro eléctrico, el cual debe diferenciarse en los libros registro de IVA y en las declaraciones trimestrales

Comunicación de facturas al Suministro Inmediato de Información (SII)

La AEAT ha actualizado las validaciones técnicas, tal y como indican en el «Documento de validaciones y errores» del SII, de tal forma que el sistema admite el tipo impositivo del 5% en aquellas facturas expedidas/recibidas cuya fecha de operación esté comprendida entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Modelo 303

Dado que la normativa en cuestión surte efectos a partir del 01/07/2022, ello afecta a la cumplimentación del modelo 303 mensual del mes 07 y posteriores, así como los 303 trimestrales del 3T y 4T.

Es importante separar el nuevo tipo impositivo del 5%
sobre el consumo eléctrico.

CIRCULAR 07-2022 -IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS NO PRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS JURIDICAS – MODELO 540

Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas (modelo 540)

La finalidad del Impuesto sobre los activos no productivOs de las personas jurídicas (IANP) es luchar contra el fraude fiscal, ya que se evitarán prácticas de elusión fiscal como lo es el hecho de incorporar patrimonio personal a estructures societarias

Qué y quién debe declarar los activos no productivos

Deben presentar el modelo 540 las personas jurídicas con bienes inmuebles, NO afectos a la actividad, situados en Cataluña.
También se deben declarar los activos cuyos propietarios sean Empresas/Entidades que tengan domicilio fiscal en Cataluña de los siguientes bienes muebles: Vehículos de motor con potencia superior o igual a 220 caballos, embarcaciones de recreo, aeronaves, objetos de arte y antigüedades con valor superior a lo que fije la Ley de Patrimonio Histórico y joyas.
Cabe destacar que están exentos de presentar el modelo 540 las administraciones públicas, los organismos internacionales con sede en Cataluña y los bienes inmuebles de las entidades sin ánimo de lucro, siempre que se destinen a sus finalidades no lucrativas.

Plazo de presentación del modelo 540

La autoliquidación de dicho impuesto deberá presentarse del 1 al 30 de junio de cada año.

Si están interesados en ampliar información o creéis que os puede afectar por favor contactar con nuestro departamento fiscal

ACTE SOBRE DONACIONS SOLIDÀRIES (LLEI DE MECENATGE) ORGANITZAT PER FEGP I FUNDACIO SANT ANTONI ABAT – SOR LUCÍA CARAM – 9 JUNY 2022 13.00 HS

Benvolgut/da,

Des de CETEB, ens plau convidar-lo a l’acte sobre donacions solidàries organitzat per la Federació Empresarial Gran Penedès i la Fundació Sant Antoni Abat, amb la participació de Sor Lucia Caram i a on també col·laborarà CETEB, que es celebrarà el proper dijous dia 9 de Juny a la 13.00 hores al Museu del Ferrocarril

En aquesta trobada tractarem quines són les motivacions i incentius fiscals per col·laborar amb fundacions.

Si desitja assistir, cal que faci la inscripció prèvia en el següent enllaç Jornada «Motivacions per col·laborar i incentius fiscals (Llei de mecenatge)» – FEGP (l’entrada es lliure) o be ens enviï un correu electrònic a ceteb@ceteb.com

Esperem que sigui del seu interès.

CIRCULAR 06 -2022 RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 01/2022, DE 3 MARZO

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR LA LEY 1/2022, DE 3 DE MARZO

El 7 de marzo de 2022 se publicó en el DOGC, núm. 8619, la Ley 1/2022, de 3 de marzo, la cual modificó parcialmente la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 con el objetivo de afrontar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia Covid-19 sobre el derecho a la vivienda.

1.- Modificación de la Ley 18/2007, de Vivienda.

1.1.- Incumplimiento de la función social y requerimiento de cumplimiento.

El artículo 1 de la Ley 1/2022 modifica el artículo 5 de la Ley de Vivienda, estableciéndose en el redactado actual que existirá incumplimiento de la función social de la propiedad cuando:

• La vivienda o el edificio de viviendas estén desocupados de forma permanente e injustificada durante un periodo de más de dos años, a cuya situación no se ve alte-rada por las ocupaciones sin título habilitante, ni por la transmisión de la titularidad a favor de una persona jurídica.

• Se incumpla la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de in-terponer demanda judicial en los términos de la Ley 24/2015.

De este modo, el nuevo redactado del art. 2 bis de la Ley de Vivienda, considera que los dos primeros supuestos que acaban de indicarse constituyen un incumplimiento del deber de los propietarios de las edificaciones a dedicarlas a usos compatibles con la ordenación territorial y urbanística.

Igualmente, se introduce un nuevo apartado 3 bis en el artículo, donde se indica que también se considerará incumplimiento de la función social cuando los propietarios hayan sido requeridos para adoptar las medidas necesarias para cumplir la función social y, pese a ello, hayan incumplido el requerimiento en el plazo establecido por la administración competente.

Se añade un apartado 6 al artículo 42 de la Ley de Vivienda, en virtud del cual se establece que,
si la Administración requiere a una persona jurídica privada titular de una vivienda para que adopte las medidas necesarias en aras a que la vivienda se destine a la residencia de personas, deberá advertirla de que, en caso de no ocuparse en el plazo establecido, se podrá proceder a la ejecución forzosa mediante la imposición de una multa coercitiva, la cual ascenderá a 1.000 euros por vivienda desocupada, por lapsos de tiempo de un mes, con un importe máximo del 50% del precio estimado de vivienda. Asimismo, la Ley 1/2022, precisa que dicha advertencia deberá incluir la posibilidad de declarar el incumplimiento de la función social de la propiedad a los efectos de iniciar, en su caso, el procedimiento para su expropiación forzosa.

1.2.- Subrogación de las obligaciones de los propietarios personas jurídicas.

La Ley añade un importante apartado 5 al artículo 126 de la Ley de Vivienda, donde se indica que, en caso de transmisión de la vivienda, cuando el nuevo propietario sea una persona jurídica, éste se subrogará en la posición del antiguo propietario, resultando responsable de las eventuales infracciones cometidas por el éste, de forma que, en caso de existir, deberá asumir los incumplimientos de la función social de la propiedad, con independencia del momento de la ocupación.

1.3.- Infracciones graves y muy graves.

Se modifica el artículo 123 de la Ley de Vivienda, indicando que será infracción muy grave incumplir con un requerimiento de la administración competente.

Se modifica asimismo el artículo 124 de la Ley de Vivienda y se incluye como infracción grave:

– Negarse a suministrar datos a la administración, no facilitar las funciones de infor-mación, control o inspección o incumplir las obligaciones de comunicación veraz de los datos que deben ser objeto de inscripción en el Registro de viviendas vacías y de vivien-das ocupadas sin título habilitante y en el Registro de grandes tenedores de vivienda.

– Incumplir en la formulación de la propuesta obligatoria de alquiler social con los requisitos vigentes en el momento que corresponda formalizarla.

En este sentido, pese a que no ha sido objeto de reforma por la Ley 1/2022, debe recordarse que, conforme el artículo 118 de la Ley de Vivienda, las infracciones graves se sancionan con una multa de 9.001 a 90.000 euros, mientras que las muy graves se sancionan con una multa de 90.001 a 900.000 euros.

Finalmente, el artículo 8 de la Ley 1/2022, añade una disposición adicional vigésima séptima a la ley de Vivienda, por medio de la cual se insta a crear un Registro de grandes tenedores de vivienda (dicho concepto se verá más adelante), en el que se deben inscribir quienes ostenten dicha condición. Así, la inscripción debía realizarse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley o, en su caso, en un mes desde que se cumplan con los requisitos de gran tenedor. Asimismo, los grandes tenedores que sean personas jurídicas, tendrán que comunicar el número y relación de viviendas de su titularidad a Habitatge.

No obstante, los expertos indican que como dicho registro se encuentra todavía en fase de elaboración, por lo que hasta que no esté efectivamente finalizado y en pleno funcionamiento no podrá realizarse ningún trámite. En cualquier caso, resulta recomendable contactar con Habitatge para informase sobre la posibilidad de inscripción para evitar eventuales sanciones.

2.- Modificación de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

En primer lugar, se modifica el apartado 4 del artículo 5, así como la letra b del apartado 9 del mismo artículo, indicándose que:

• Las personas obligadas a ofrecer un alquiler social deberán notificar al Ayuntamiento que corresponda y a Habitatge la comunicación que se haya remitido a las personas con derecho a obtener un alquiler social, así como la oferta económica que se les haya realizado, en el plazo de tres días hábiles, desde que la hayan efectuado.

• Se reduce a 10 el número de viviendas para que una persona jurídica sea conside-rada como gran tenedor (antes eran 15), con la excepción de los promotores sociales, personas jurídicas con más de un 15% de superficie habitable de la propiedad calificado como viviendas de protección oficial destinadas a alquiler, así como entidades privadas sin ánimo de lucro que proveen vivienda a personas en situación de vulnerabilidad especial.

Se modifica el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 24/2015. La redacción actual permite a la Administración acordar la cesión obligatoria de vivienda por un periodo de siete años, a diferencia de los tres de la redacción anterior, para incorporarlas al Fondo de viviendas de alquiler social, en el caso de viviendas vacías propiedad de personas jurídicas, cuando, además de los requisitos que legalmente ya se exigían , previamente el propietario haya incumplido el requerimiento relativo a la obligación de cumplimiento con la función social de la propiedad.

Se añade un artículo 10, por medio del cual se establece que los arrendatarios de un alquiler social tendrán derecho a formalizar un nuevo contrato siempre que continúen en una situación de exclusión residencial, extremo que se deberá acreditar al menos cuatro meses antes de la expiración del contrato. En este sentido, algunos expertos entienden que el arrendador no estará obligado a solicitar la documentación necesaria en aras a acreditar la permanencia de la situación de vulnerabilidad, sino que será obligación del arrendatario del alquiler social, de querer permanecer en el mismo régimen legal, el solicitar la documentación necesaria.

Finalmente, se añade una disposición adicional primera a la Ley 24/2015, donde se indica que la obligación de ofrecer un alquiler social antes de interponer determinadas demandas se hace extensiva en los mismos términos a cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria y a las demandas de desahucio siguientes:

– Desahucio por vencimiento de la duración del título que habilita la ocupación, cuya propuesta de alquiler social deberá ser de idéntica duración a la establecida a en la LAU, esto es, en la actualidad, 5 años para personas físicas y 7 años para personas jurídicas grandes tenedores, con la excepción de las Entidades financieras y fondos de capi-tal riesgo y de titulización de activos, para quienes se establece un plazo de 12 años.

– Desahucio por falta de título jurídico si esta falta proviene de un proceso instado por un gran tenedor, ya sea de ejecución hipotecaria o de cualquier acción ejecutiva derivada de una deuda hipotecaria.

– Desahucio por falta de título jurídico si el demandante es una Entidad financiera y fondo de capital riesgo y de titulización de activos y, además, concurre alguna de las siguientes circunstancias: (i) que vivienda esté inscrita en el registro de viviendas, (ii) que la ocupación se hiciese antes de 1 de junio de 2021, (iii) que los ocupantes en los dos años anteriores no hayan rechazado ninguna opción de realojamiento y (iv) que exista un informe favorable sobre la situación de riesgo de exclusión residencial.

El apartado 2 del mismo artículo, establece que los procedimientos en trámite en los que no se acredite la existencia de una oferta previa de alquiler social deberán interrumpirse para que la oferta pueda formularse o, en su caso, para acreditar la existencia de dicha formulación. Una vez realizadas las alegaciones o, en su caso, transcurrido el plazo otorgado para realizarlas, si el demandante no acreditare el ofrecimiento o si existiera discusión acerca de si la misma cumple con los requisitos necesarios, el Juzgado dará traslado al Juzgado de la situación Administración, continuando el procedimiento. En este sentido, los criterios unificadores de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 21 de febrero de 2020 señalan, no obstante, que el ofrecimiento de un alquiler social no puede ser considerado un requisito de procedibilidad o admisibilidad de la demanda judicial, en tanto la consecuencia de dicho incumplimiento es la imposición por parte de la Administración competente, en su caso, de las sanciones administrativas previstas por la Ley 18/2007.

A los efectos de determinar cuándo se produce una situación de riesgo de exclusión residencial, indica el legislador introduce una disposición adicional cuarta, donde se indica que el afectado debe presentar: (i) la documentación acreditativa con su identidad, (ii) sus ingresos, (iii) la falta de alternativa de vivienda propia y (iv) su situación de empadronamiento efectivo en la vivienda. Así, una vez recibida toda esta documentación, el obligado a presentar el alquiler social deberá presentar la oferta en el plazo de un mes.

En todo caso, según expone la Ley 1/2022, lo indicado en el párrafo anterior será de aplicación mientras no se regule por medio de Reglamento, de tal modo que, una vez realizado este, habrá que estar a lo dispuesto en él.

Por último, esta misma Disposición Adicional, faculta a los grandes tenedores que estén obligados a ofrecer un alquiler social de una vivienda -siempre que no se trate de Entidades financieras y fondos de capital riesgo y de titulización de activos- a solicitar que dicha vivienda sean arrendada por Habitatge, por el periodo establecido en la LAU. En cuanto al precio a abonar por Habitatge al titular de la vivienda, la letra b) de dicha disposición, establece que Habitatge deberá satisfacer en concepto de renta el equivalente al módulo de las Viviendas de Protección Oficial, hasta que no se apruebe la orden prevista en el apartado 5 del artículo 83 bis de la Ley del derecho a la vivienda. Al respecto, indicar que, a fecha 9 de marzo de 2022, el precio del
módulo en viviendas de protección oficial ubicadas en Barcelona se situaba en los 8,11 euros por metro cuadrado.

3.- Modificación de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.

La Ley 1/2022, modifica varios apartados del artículo 15 de la Ley 4/2016, no obstante, dicho artículo, en esencia, dispone que la ley dota a las administraciones competentes de la facultad de expropiación forzosa por causa de interés social a los efectos de atender con carácter preferente las necesidades de vivienda a las personas en situación de exclusión residencial. En este sentido, indica el nuevo redactado que será causa de interés social el incumplimiento de la función social de la propiedad que regula el artículo 5 de la Ley de la Vivienda (sintetizado en el anterior apartado 1.1).

En último lugar, la Ley 1/2022 introduce una disposición adicional y una transitoria en virtud de la cual se indica que:

– El Gobierno dispone del plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, cuyo plazo vence a fecha 7 de marzo de 2023, para elaborar un texto refundido de toda la normativa en materia del derecho de vivienda.

– Las obligaciones de ofrecer y renovar un alquiler social son aplicables también en caso de que los correspondientes procedimientos judiciales se hayan iniciado an-tes de la entrada en vigor de la presente ley y todavía estén en tramitación.

NOTA INFORMATIVA 4 SUBVENCIONES KIT DIGITAL

Queridos clientes,

Os queremos compartir una información que estamos seguros de que es de vuestro interés, se trata de la información publicada sobre las Subvenciones denominadas KIT DIGITAL dirigidas a la digitalización de las PYMES,

Os enviamos todos los enlaces para que tengáis a vuestra disposición toda la información necesaria.

Aquí tienes toda la información del Kit Digital publicada por la administración: Kit Digital | Acelera
Y en este link tienes las bases BOE: : Disposición 21873 del BOE núm. 313 de 2021 (acelerapyme.gob.es)
Y también puedes contactar con ellos en Acelera pyme en: info@acelerapyme.gob.es y en el 900 909 001 de L-V 09:00 – 18:00 h.

Podéis gestionaros vosotros mismos la subvención o bien contar con una Agente Colaborador, os recomendamos que preguntéis a vuestro asesor en telecomunicaciones habitual.

Irán saliendo distintas convocatorias para ir cubriendo las necesidades digitales de distintos agentes económicos.

En este caso, hace referencia a la CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A LA DIGITALIZA-CIÓN DE EMPRESAS DEL SEGMENTO I (ENTRE 10 Y MENOS DE 50 EMPLEADOS), DENTRO DEL PROGRAMA KIT DIGITAL

CIRCULAR 5 -2022 – NOVEDADES INTRODUCIDAS EN EL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES

El pasado 1 de enero de 2.022 entró en vigor la Ley 21/2.021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Vamos a analizar las principales novedades:
1. Revalorización de las pensiones.
Se llevará a cabo a principios de año según la variación interanual experimentada por el IPC. No se modificará el importe de la pensión si el IPC es negativo.
2. Cotización durante las situaciones de Incapacidad Temporal de las perso-nas trabajadoras con 62 años cumplidos.
Se establece una reducción del 75 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante el tiempo de la incapacidad temporal.
3. Exención de cotización alcanzada la edad de jubilación.
Las empresas y las personas trabajadoras quedarán exentas de cotizar a la Seguridad Social por contingencias comunes, debiendo únicamente cotizar por incapacidad temporal, desempleo, FOGASA y Formación Profesional. La exención también es aplicable al Régimen de Autónomos.
4. Jubilación anticipada por causa no imputable a la persona trabajadora.
Se añaden como nuevos supuestos que permiten la jubilación anticipada por causas no imputables a la voluntad de la persona trabajadora los siguientes:
– Despido por causas objetivas: se añade la ineptitud sobrevenida del trabajador, la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en el puesto de trabajo y la falta de consignación presupuestaria en el caso de determinados contratos financiados por las administraciones públicas
– Extinción del contrato por movilidad geográfica.
– Extinción del contrato por modificación sustancial de las condiciones individuales de trabajo.
– Extinción del contrato por decisión de la trabajadora como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
– Extinción por falta de pago o retrasos continuados en el abono de salarios o cualquier otro incumplimiento por parte del empresario.
Se establecen nuevos coeficientes reductores que se aplicarán por cada mes o fracción de mes que, en el momento del hecho causante, le falte a la persona trabajadora para cumplir la edad de jubilación (anteriormente se aplicaban por trimestre o fracción). Se acompaña tabla con los nuevos coeficientes.
5. Jubilación anticipada por voluntad de la persona interesada.
Igual que en el punto anterior, se establecen nuevos coeficientes reductores que también se aplicarán por cada mes o fracción de mes que en el momento del hecho causante le falte a la persona trabajadora para cumplir la edad de jubilación.
En el caso de que la persona trabajadora en el momento de acceder a esta modalidad de jubilación anticipada esté percibiendo el subsidio por desempleo, al menos durante tres meses, serán de aplicación los coeficientes reductores previstos para la jubilación anticipada por causas no imputables a la persona trabajadora. Se acompaña tabla con los nuevos coeficientes.
6. Prolongación de la edad de jubilación.
Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la edad ordinaria de jubilación y tuviera el periodo mínimo de cotización (15 años cotizados), se reconocerá a la persona interesada, por cada año completo cotizado, un complemento económico, a elección del interesado:

a) Un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado.
b) Una cantidad a tanto alzado.
c) Una combinación de ambas.
Este complemento es incompatible con la jubilación activa y no será de aplicación a los supuestos de jubilación parcial ni a la jubilación flexible.
7. Jubilación activa.
La pensión de jubilación será compatible con el trabajo por cuenta propia o ajena, a tiempo completo o parcial, del pensionista cuando cumpla los siguientes requisitos:
a) El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar, al menos, un año después de haber cumplido la edad ordinaria de jubilación.
b) El porcentaje aplicable a la base reguladora debe alcanzar el 100 %
Se percibirá el 50 % de la pensión salvo que el pensionista contrate a un trabajador por cuenta ajena que podrá percibir el 100 % de la pensión (no aplicable a los administradores de sociedades mercantiles)
8. Pensión de viudedad de parejas de hecho.
Se modifican los requisitos de acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho eliminando el requisito de la dependencia económica de la persona supérstite por lo que causa derecho a la pensión de viudedad si se cumplen los demás requisitos.
En cuanto a la acreditación de la existencia de la pareja de hecho, en el caso de hijos comunes sólo es necesaria la inscripción de la pareja de hecho en los registros específicos existentes o un documento público que acredite que su constitución se produjo con una antelación mínima de 2 años
En el caso de extinción de la pareja de hecho por voluntad de los contrayentes, el posterior fallecimiento de uno de ellos dará lugar a la pensión de viudedad en términos similares al matrimonio.
Cuando la persona supérstite no tenga derecho a la pensión de viudedad por no reunir alguno de los requisitos, tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de dos años.
Con carácter excepcional, se reconocerá la pensión de viudedad cuando el fallecimiento de un miembro de la pareja de hecho se haya producido antes del 1 de enero de 2.022 y concurran las siguientes circunstancias:
a) Que a la muerte del causante no se hubiera podido causar derecho a pensión de viudedad.
b) Que pueda acreditar la existencia de pareja de hecho.
c) Que no se tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la Seguridad Social.
d) La solicitud debe presentarse en el improrrogable plazo de los doce meses siguientes al 1 de enero de 2.022.

9. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

Los Convenios Colectivos podrán establecer cláusulas de jubilación forzosa cuando el trabajador cumpla una edad igual o superior a 68 años, siempre y cuando la persona trabajadora tenga derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación y la empresa contrate de manera indefinida a un nuevo trabajador o trabajadora.

Anexo I coeficientes reductores (002)
Anexo II coeficientes reductores

CIRCULAR 04 -2022 SUBVENCIONES A LA CONTRATACION

La Generalitat de Cataluña ha publicado la convocatoria para la subvención de la contratación de personas con contrato indefinido y contratos en prácticas.

Los requisitos comunes para cumplir por las empresas o autónomos son:

– No haber despedido a una persona trabajadora con el mismo perfil o categoría profesional al que contratarán en los 3 meses anteriores a la suscripción del contrato laboral.
– El número máximo de contratos a subvencionar es de 5 por empresa no pudiendo superar el 50 % de la plantilla de la empresa/autónomo.
– En los contratos debe constar una cláusula en la que se publicite que están subvencionados.
– Ha de ser un trabajador de nueva incorporación: No son subvencionables las transformaciones a indefinido ni pueden haber estado contratadas por la misma empresa solicitante en los 12 meses anteriores.

1. Contratación laboral de personas mayores de 30 años.

Se subvenciona la contratación indefinida y a jornada completa.
No se subvencionan contratos de duración determinada, en prácticas, para la formación, interinidad ni contratos de relevo.
Presentación de solicitudes hasta el 31 de mayo de 2022.
Cuantía 1.473,71 € mensuales desde la fecha de inicio del contrato y hasta el 31/12/2022

La persona trabajadora tiene que cumplir alguno de los siguientes requisitos:

– Ser persona desocupada de 45 o más años de edad.
– Ser mujer de 30 años o más.
– Ser persona de 30 años o más, desocupadas de larga duración (desempleados durante al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación subvencionable).

La persona trabajadora debe estar inscrita como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo con carácter previo a la contratación (mínimo 24 horas antes)
En el caso de extinción del contrato por cualquier causa, la subvención se extinguirá en ese momento. No se prevé la posibilidad de sustituir a la persona contratada en los casos de extinción de los contratos antes del 31 de diciembre de 2022.

2. Contratación laboral de personas menores de 30 años.

Se subvenciona la contratación a jornada completa de carácter indefinido de menores de 30 años, así como los contratos en prácticas a jornada completa y con una duración de 12 meses.
No se subvencionan los contratos de duración determinada, contratos para la formación, contratos de interinidad ni contratos de relevo.
Presentación de solicitudes Hasta el 31/03/2022
Cuantía 1.473,71 € mensuales desde la fecha de inicio del contrato y hasta el 31/12/2022

La persona trabajadora tiene que cumplir los siguientes requisitos:
a) Tiene que estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo con carácter previo a la contratación (mínimo 24 horas antes)

b) Trabajador de nueva incorporación: no son subvencionables las transformaciones a indefinido. En el caso que la empresa quiera contratar a una persona que ya haya prestado servicios en la misma anteriormente, el contrato debe haber tenido que
finalizar con anterioridad al 22 de noviembre de 2021.
c) En el caso de contratos en prácticas, se debe poder acreditar que dispone de la titulación adecuada para realizar este tipo de contratos.

En caso de extinción anticipada del contrato de trabajo, la subvención se revocará parcialmente¸ en proporción al tiempo que falte para alcanzar los 12 meses.
Se prevé la sustitución de la persona contratada inicialmente que haya finalizado su contrato por alguna de las siguientes causas:
a) No superación del periodo de prueba se subvenciona el nuevo contrato si cumple los requisitos.
b) Dimisión, jubilación, muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta o despido disciplinario el nuevo contrato se subvencionará por el tiempo restante hasta alcanzar en total los 12 meses (sumando la duración de los dos contratos)

Las solicitudes de las ayudas se tramitarán por orden de presentación y hasta el agotamiento del presupuesto al que están vinculadas.
Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda concedida con la misma finalidad que estén financiando otras administraciones públicas o entes privados, excepto con las bonificaciones o reducciones de la seguridad social por la contratación que puedan ser aplicables.

Se subvenciona la contratación indefinida de menores y mayores de 30 años, con determinados requisitos.

CIRCULAR 03 – 2022 NOVEDADES LABORALES PARA EL AÑO 2022

El 29 de diciembre de 2021 se publicó la Ley 21/2021, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. A continuación, les detallamos las novedades de mayor interés de esta Ley y de otras normativas publicadas en el último mes.

1. Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)

Se incrementa en un 2,5 % por lo que tendrá las siguientes cuantías:

Diario……………………… 19,30 €
Mensual…………………. 579,02€
Anual (14 pagas)..… 6.948,24 €

2. Pensiones del Sistema de la Seguridad Social

A partir del 1 de enero, las pensiones contributivas se revalorizarán un 2,5% para el año 2022.
La pensión máxima para el año 2022 es de 2.819,57 € mensuales (39.474 € anuales).

3. Pensiones mínimas de jubilación para el 2022:

El límite de ingresos en 2022 para tener derecho a percibir el complemento a mínimos es de 7.939 €/año. En el supuesto de tener el cónyuge a cargo dicho límite será de 9.260 € anuales. Si percibe rentas superiores al límite señalado estará obligado a comunicarlo en el plazo de un mes desde que supere este nivel de ingresos.

4. Cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas:

La cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se incrementa en el 3% respecto de la cuantía establecida para el 2021, resultando las siguientes cantidades:

 5.808,60 € anuales
 414,90 € mensuales

El complemento de alguna de estas pensiones no contributivas establecido a favor del pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener como residencia habitual una vivienda alquilada, se fija en 525 € anuales para el año 2022.

5. Bases y tipos de cotización

• Régimen General de la Seguridad Social:

Bases mínimas: Se mantiene el importe de la base mínima de cotización establecida mediante Orden PCM/1353/2021 con efectos del 1 de septiembre, actualizándose de acuerdo con la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional.
Base máxima: 4.139,40 €

• Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos:

La base máxima de cotización se incrementa en un 1,70 % pasando a ser de 4.139,40 € mensuales.
La base mínima de cotización se incrementa en un 1,70% pasando a ser de 960,60 € mensuales.

Para aquellos autónomos que, a 1 de enero de 2022, tengan de 47 o más años, las bases de cotización mínima y máxima son:

– Con 47 años: si vinieran cotizando por una base superior a 2.077,80 €, la base máxima de cotización será de 2.113,20€
– Con 48 o más años, la base de cotización estará comprendida entre las cuantías de 1.035,90 € y 2.113,20 €.

La base mínima de cotización para los autónomos societarios es de 1.234,80 € mensuales.

En cuanto a los tipos de cotización:

– Contingencias comunes 28,30%
– Contingencias profesionales 1,30 % (antes el 1,10%)
– Cese de actividad 0,90% (antes el 0,80 %)
– Formación profesional 0,10 %

Por lo que el tipo aplicable a la base de cotización pasa del 30,30 % al 30,60%.
Se aplaza la entrada en vigor de la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia o autónomos puedan ejercer su actividad a tiempo parcial.

6. Tipo de interés legal del dinero

El interés legal del dinero se mantiene en un 3% y el interés de demora en el 3,75 %

Para cualquier aclaración o duda sobre todas estas medidas, o aquellas que hayan sido adopta-das previamente, de las que hemos informado en las últimas circulares y notas de urgencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros para responder a sus preguntas. Deseamos que esta circular haya sido de su interés.

NOTA INFORMATIVA 3 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Apreciados clientes,

Como ya sabéis de hace tiempo, es importante que las empresas que tienen trabajadores asalariados dispongan de un sistema de prevención de riesgos laborales, habitualmente contratando un Servicio de prevención de riesgos ajeno.

Últimamente, estamos detectando la presencia de muchas inspecciones de trabajo, que ponen acento en comprobar, la correcta implantación de las normas de la ley de Prevención de Riesgos Laborales. No se trata siquiera de tener un servicio de prevención contratado, si no que se debe tener integrada la gestión de la prevención y hacer un seguimiento de las actividades programadas.

Os animamos, que seamos proactivos, y aunque el Servicio de prevención, de las herramientas, tengáis presente de avisarles y contactar con ellos, sobre todo en los siguientes casos.

 Incorporación de nuevos trabajadores.
 Si tenéis una inspección de trabajo.
 Cambios de centro de trabajo, cambios en los puestos de trabajo.
 Si hay accidentes de trabajo.

Es muy importante tener en cuenta estos puntos. El incumplimiento de las obligaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laboral puede dar lugar a responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales vienen acompañadas de sanciones como estas: Las leves, en su grado máximo de 2.045 euros, las graves en el grado máximo de 40.985 euros y las muy graves pueden ser incluso de 819.780 euros.

Como siempre quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Si no dispones de servicios de prevención de riesgos ajeno o deseas información al respecto, no dudeis en poneros en contacto con nosotros.

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