CIRCULARES
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CIRCULAR LEY CONCURSAL Y SEGUNDA OPORTUNIDAD

Jornada Ley Concursal y Segunda Oportunidad

(Crisis – salidas posibles)

El pasado 3 de noviembre de 2021, se celebró la Jornada sobre la Ley Concursal y la Segunda Oportunidad, organizado por la Federación Empresarial del Gran Penedés y patrocinado por el Grupo CETEB, con la colaboración del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés. En dicho acto intervinieron el Ilmo. Sr. César Suárez, Magistrado del Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona y el abogado Lluís Badia.

Unimos breve informe de los temas tratados, con especial referencia a la Ley de Segunda Oportunidad, su situación actual y alternativas de futuro respecto a la nueva legislación concursal; por otra parte, y por lo que hace al Texto Refundido vigente de la Ley Concursal, se abordaron las particularidades de este y en especial las posibles novedades que pueda comportar la nueva normativa concursal en puertas.

Finalmente hay que señalar que también se hizo referencia a la moratoria concursal (31/12/2021) y la posible prórroga de 3 meses más, así como las consecuencias que ello comporta respecto de las responsabilidades de los administradores societarios, y la necesidad de buscar alternativas al respecto en cumplimiento de la legislación vigente

CONCLUSIONES:

  • Características de la Ley
    • Beneficia a personas físicas, empresarias o no
    • Requisito básico de la deuda: No haya sido producto de “mala fe”
    • Trámite legal: Propuesta Acuerdo Extrajudicial de pagos. Concurso Consecutivo
  • Objetivo final la obtención del “Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho (BEPI)”
  • Problemática vigente y puntual
  • Competencias inicio del trámite
  • Intervinientes: Notario/Registro mercantil, el Mediador y el Administrador Concursal
  • Problemática créditos públicos (TGSS/AEAT/AYTOS)
  • Lentitud del trámite Partes intervinientes. Juzgados
  • Los cambios legislativos en marcha
  • Comparativos de la aplicación de la Ley
  • España / Europa /Provincias
  • Conclusión à Ley Necesaria y urgente – Objetivo “Prevenir-Actuar- Urgencia”

 

LA VIA CONCURSAL: OBLIGACIONES Y BONANZAS DE LA OPCIÓN QUE REPRESENTA

  • El “Texto Refundido de la Ley Concursal- TRLC”
  • Vigencia moratoria concursal (31/12/2022) à posible prórroga tres meses
  • La responsabilidad de los administradores societarios. Consecuencias para los accionistas
  • Necesidad de buscar alternativas para salvar la responsabilidad frente terceros, socios y administraciones
  • Obligación concurso à Pérdidas que supongan capital menos de la mitad. Obligación a los dos meses de la “sospecha”
  • Figura del preconcurso. Alternativa vital para reconducir y negociar
  • Alternativas con garantías. Medidas de reestructuración societaria
  • La nueva normativa concursal en puertas
  • El crédito público (TGSS/AEAT/otros)
  • Necesidad de “vigilar” la vía societaria y sus obligaciones frente a terceros

 

CONCLUSION FINAL

  • Vía Segunda Oportunidad y Vía concursal. Alternativas reales del presente
  • Prioridad de “previsión” ante situación preinsolvencia societaria
  • Segunda Oportunidad. Garantía de futuro desde la buena fe del deudor
  • Normativas en evolución. Pendientes de cambios legislativos importantes
  • Fin moratorio concursal. Clave de Futuro

 

 

 

 

 

CIRCULAR 21 – EL NUEVO VALOR DE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2022

 

Le informamos que el 11 de julio de 2021 entró en vigor la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, por la que se transpone la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que afecten directamente al funcionamiento del mercado interior, modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, publicada en el «BOE» nº. 164 de 10 de julio de 2021.

 

Esta ley establece el criterio del Valor de Referencia de los inmuebles, que modificará la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que se aplicará en el año 2022. Por tanto, este Valor de Referencia de los inmuebles sólo deberá utilizarse en los casos en que exista una transmisión lucrativa u onerosa gravada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Las principales características de este serán las siguientes:

El Valor de Referencia es un valor administrativo que será determinado anualmente por la Dirección General del Catastro. Su cálculo se basará en los datos de que disponga la Dirección General del Catastro y los precios de los inmuebles comunicados fedatarios públicos, así como en las ofertas inmobiliarias y tasaciones periciales.

Este Valor de Referencia será un valor público, que podrá ser consultado en la Sede Electrónica del Catastro antes del 30 de octubre del año anterior al que surta efectos, y será recurrente por medios económico-administrativos.

El Valor de Referencia no podrá superar el valor de mercado y, por lo tanto, se aplicará un factor de reducción a su determinación.

El Valor de Referencia solo será recurrente cuando se aplique a un Impuesto y genere una obligación tributaria específica.

Afectaciones al impuesto de sucesiones y donaciones

En la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los artículos 9.1.a) y b) afectan al cálculo de la base imponible de los bienes inmuebles. Hasta ahora, la base imponible de este Impuesto se calculaba en función del valor neto de la adquisición formado por el valor real del inmueble, restando los gastos y deudas deducibles. A partir del ejercicio 2022, con el Valor de Referencia, la base imponible de los bienes inmuebles se formará con el valor neto de la adquisición entendido como Valor de Referencia, restando los cargos y deudas deducibles.

En relación con el impuesto de Sucesiones y Donaciones, se podrá declarar un valor del inmueble superior al Valor de Referencia. 

Afectaciones al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

En el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el artículo 10.1 se ve afectado por la adición de los apartados 2, 3 y 4, que afectan también al cálculo de la base imponible de los bienes inmuebles.

En este Impuesto la regulación es casi idéntica a la del caso anterior. Hasta ahora, la base imponible de este Impuesto se calculaba en función del valor real del activo transmitido, restando los cargos y deudas deducibles. A partir del ejercicio del 2022, con el Valor de Referencia, la base imponible de los bienes inmuebles se formará con el valor neto de la adquisición entendido como Valor de Referencia, restando los cargos y deudas deducibles.

No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados tiene un precio o contraprestación pactada superior a su valor de referencia, deberá tomarse como base imponible el mayor de estos valores.

Afectaciones al Impuesto sobre el Patrimonio

El artículo 10.1 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, añade que la base imponible  del impuesto sobre bienes inmuebles será el valor superior entre el valor catastral, el valor verificado a efectos de otros tributos, el precio, contraprestación o valor de adquisición y el Valor de Referencia.

Afectaciones al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

En el caso de transmisiones onerosas sujetas al impuesto de transmisiones patrimoniales y a los Actos Jurídicos Documentados, el transmitente declarará a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe real obtenido en la transmisión, es decir, el precio escriturado en la transmisión onerosa.

En el caso de transmisiones lucrativas sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en el caso de transmisión del inmueble por donación, el donante deberá declarar el Valor de Referencia como ganancia patrimonial, que se habrá fijado en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Si en el futuro se transmite el inmueble adquirido por sucesión o donación, el valor de adquisición a contemplar para determinar la ganancia o pérdida patrimonial a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será también el Valor de Referencia.

El valor catastral se seguirá conservando mediante la formación de la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o mediante la formación de las rentas inmobiliarias imputada al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por aquellos contribuyentes que tengan más de un inmueble.

 

 

Circular 20 – IMPUESTO DE LA PLUSVIAL MUNICIPAL

IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL:

LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL MODO DE CALCULARLO.

 

Con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional dictada el pasado 26 de octubre de 2021, se expulsa de nuestro ordenamiento jurídico los preceptos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales relativos al cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía municipal, esto es, los artículos 107.1, 107.2 y 107. 4.

Ello no significa que el Impuesto de Plusvalía Municipal haya sido extinguido de nuestro Ordenamiento Jurídico, sino que, tras la mencionada sentencia, el Consejo de ministros ayer aprobó un nuevo Real Decreto Ley mediante el cual se determinará la nueva fórmula de cálculo de la base imponible de dicho impuesto. En este caso, se establecen dos opciones para determinar la cuota tributaria y se aplicará la más beneficiosa para el contribuyente:

  • La base imponible será el resultado de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria.
  • Se determinará por la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.

No obstante, aunque el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de ministros el pasado 08 de noviembre de 2021 no ha resultado publicado todavía en el Boletín Oficial del Estado para empezar a desplegar sus efectos. De acuerdo con la nota de prensa publicada por el Ministerio de Hacienda, su contenido incluirá:

  • Nuevo sistema de cálculo de la base imponible a elección por parte del Contribuyente.
  • Ningún Contribuyente pagará el impuesto si no obtiene una ganancia, siempre que se acredite la inexistencia de incremento de valor.
  • Las plusvalías generadas en menos de un año tributaran, para evitar operaciones inmobiliarias especulativas.

Desde el Departamento Jurídico de Nova Ceteb, SL, una vez conocido el contenido del Real Decreto Ley procederemos a su análisis con detenimiento a los efectos de valorar su aplicación y las posibles actuaciones a realizar.

CIRCULAR -19 PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS REAL DECRETO-LEY 19/2021 05/10

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSÍCAS

 

Deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas:

El artículo 1 del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, en su apartado dos añade una nueva Disposición adicional quincuagésima a la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estableciendo tres nuevas deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, en los siguientes términos:

  1. Deducción por obras para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración: 20%

Viviendas en las que se pueden realizar las obras:

Vivienda habitual del contribuyente o cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso como vivienda o en expectativa de alquiler, siempre que, en este último caso, la vivienda se alquile antes de 31 de diciembre de 2023.

No obstante, no da derecho la parte de la obra que se realice en plazas de garaje, trasteros, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos, ni en la parte de la vivienda afecta a una actividad económica.

Obras que dan derecho a deducción:

Aquellas que hayan reducido la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda en al menos un 7 por ciento la suma de los indicadores de demanda de calefacción y refrigeración.

Es preciso que este extremo quede acreditado mediante el certificado de eficiencia energética de la vivienda expedido por el técnico competente después de la realización de las obras, respecto del expedido antes del inicio, con un máximo de dos años, de las mismas.

Realizadas desde el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022

Base de deducción:

Cantidades satisfechas desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 por las obras.

Máximo 5.000€.

Periodo impositivo en el que se aplica:

 

Aquel en el que se haya expedido el certificado de eficiencia energética emitido después de las obras. Estos certificados deberán ser expedidos antes del 1 de enero de 2023.

Porcentaje de deducción: 20%

  1. Deducción por obras para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable: 40%

Viviendas en las que se pueden realizar las obras:

Vivienda habitual del contribuyente o cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso como vivienda o en expectativa de alquiler, siempre que, en este último caso, la vivienda se alquile antes de 31 de diciembre de 2023.

No obstante, no da derecho la parte de la obra que se realice en plazas de garaje, trasteros, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos, ni en la parte de la vivienda afecta a una actividad económica.

Obras que dan derecho a deducción:

Aquellas que hayan reducido en al menos un 30 por ciento el indicador de consumo de energía primaria no renovable, o bien, consigan una mejora de la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación.

Es preciso que estos extremos queden acreditados mediante el certificado de eficiencia energética de la vivienda expedido por el técnico competente después de la realización de las obras, respecto del expedido antes del inicio, con un máximo de dos años, de las mismas.

Realizadas desde el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022

Base de deducción:

Dan derecho a la deducción las cantidades satisfechas desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 por las obras.

Máximo 7.500€.

Periodo impositivo en el que se aplica:

 

Aquel en el que se haya expedido el certificado de eficiencia energética emitido después de las obras. Estos certificados deberán ser expedidos antes del 1 de enero de 2023. 

Porcentaje de deducción: 40%

  1. Deducción obras de rehabilitación energética: 60%

Edificaciones en las que se pueden realizar las obras:

Viviendas propiedad del contribuyente -ubicadas en edificios de uso predominante residencial- y plazas de garaje y trasteros adquiridos con estas.

No obstante, no da derecho la parte de la vivienda afecta a actividades económicas.

Obras que dan derecho a deducción:

Aquéllas que hayan reducido el consumo de energía primaria no renovable, en un 30 por ciento como mínimo, o bien, la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación.

Es preciso que estos extremos queden acreditados mediante el certificado de eficiencia energética de la vivienda expedido por el técnico competente después de la realización de las obras, respecto del expedido antes del inicio, con un máximo de dos años, de las mismas.

Realizadas desde el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.

Periodos impositivos en los que se aplica:

En principio se puede aplicar en 2021, 2022 y 2023. No obstante, es requisito para poder aplicar la deducción que se haya expedido el certificado de eficiencia energética emitido después de las obras. Estos certificados deberán ser expedidos antes del 1 de enero de 2024.

Base anual de deducción:

  • Cuando se haya expedido el certificado en el periodo impositivo:

Las cantidades satisfechas desde el 6 de octubre de 2021 hasta la finalización del periodo impositivo.

  • Cuando el certificado se hubiera expedido en un periodo impositivo anterior:

Las cantidades satisfechas en el año.

Base máxima 5.000€ anuales.

Las cantidades satisfechas no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes, sin que en ningún caso la base acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000 euros.

Tratándose de obras llevadas a cabo por una comunidad de propietarios la cuantía susceptible de formar la base de la deducción de cada contribuyente vendrá determinada por el resultado de aplicar a las cantidades satisfechas por la comunidad de propietarios, el coeficiente de participación que tuviese en la misma.

Porcentaje de deducción: 60%

  1. Normas comunes a las anteriores deducciones:

Las anteriores deducciones son incompatibles entre sí respecto de la misma obra.

Las anteriores deducciones son incompatibles entre sí respecto de la misma obra.

Las cantidades deben ser satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras, así como a las personas o entidades que expidan los citados certificados, debiendo descontar aquellas cuantías que, en su caso, hubieran sido subvencionadas a través de un programa de ayudas públicas o fueran a serlo en virtud de resolución definitiva de la concesión de tales ayudas.

En ningún caso, darán derecho a practicar deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.

Las cantidades satisfechas han de ser necesarias para la ejecución de las obras, incluyendo los honorarios profesionales, costes de redacción de proyectos técnicos, dirección de obras, coste de ejecución de obras o instalaciones, inversión en equipos y materiales y otros gastos necesarios para su desarrollo, así como la emisión de los correspondientes certificados de eficiencia energética.

No obstante, no dan derecho a deducción las cantidades satisfechas por los costes relativos a la instalación o sustitución de equipos que utilicen combustibles de origen fósil.

Los certificados de eficiencia energética previstos en los apartados anteriores deberán haber sido expedidos y registrados con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

No integración en Base imponible de las siguientes ayudas a la rehabilitación:

Las concedidas en virtud de los distintos programas establecidos en el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas; el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla; y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Circular 18 – OBLIGACION EMITIR FACTURA ELECTRÓNICA

La factura electrónica será obligatoria para autónomos y empresas

 

Es una medida que se incluye en el Anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, que ha finalizado su exposición pública.

En los últimos años se está produciendo una digitalización acelerada de la economía española, más acusada si cabe tras la pandemia del COVID-19. Esta transformación digital, tal y como reza la exposición de motivos del Anteproyecto, constituye una prioridad del Gobierno, si bien es cierto que el uso de las facturas electrónicas en España todavía no está muy extendido.

Con este objetivo, se pretende modificar la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, añadiendo un nuevo artículo 1.bis «Factura electrónica entre empresas y autónomos», en virtud del cual todas las empresas y autónomos deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos, las cuales deberán cumplir lo dispuesto en la normativa sobre facturación.

Esta nueva obligación conlleva:

  • Que los empresarios y autónomos den acceso a los programas necesarios para que los destinatarios de las facturas las puedan leer, copiar, así como descargar e imprimir la factura electrónica de forma gratuita sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.
  • Que los destinatarios de las facturas puedan consultarlas por medios electrónicos durante, al menos, los últimos cuatro años, aun cuando se haya resuelto el contrato o cuando el destinatario de las facturas haya expresado su voluntad de no recibir facturas electrónicas a partir de un determinado momento.

La Disposición Final Cuarta del Anteproyecto remite a desarrollar reglamentariamente los requisitos técnicos y de información a incluir en la factura electrónica a efectos de verificar la fecha de pago y obtener los periodos medios de pago de las empresas, incluyendo específicamente los requisitos de seguridad, control y estandarización de los dispositivos y sistemas informáticos que generen los documentos.

El incumplimiento de dichas obligaciones constituye infracción administrativa consistente en apercibimiento o multa de hasta 10.000 euros, cuya determinación y graduación se realizará conforme a los criterios establecidos en el art. 19.2 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza:

  • Grado de culpabilidad o existencia de intencionalidad.
  • Continuidad o persistencia en la conducta infractora.
  • Naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
  • Reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
  • Volumen de facturación del prestador responsable.
  • Número de personas afectadas por la infracción.
  • Gravedad del riesgo generado por la conducta.
  • Acciones realizadas por el prestador encaminadas a paliar los efectos o consecuencias de la infracción.

Con la promoción del uso de la factura electrónica en operaciones entre empresas y autónomos se pretende digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes de transacción y facilitar la transparencia en el tráfico mercantil. Se trata además de una medida clave para poder atajar de manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales.

Subvenciones para su implantación

Dado el coste que la implantación de este nuevo sistema supone, para apoyar esta medida en la Agenda Digital 2025 y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han propuesto programas de subvenciones que permitirán la adquisición e implantación masiva de soluciones de digitalización, en particular el Programa Digital Toolkit dotado con más de 3.000 millones de euros en subvenciones. A través de un diagnóstico previo del nivel de madurez digital, las empresas podrán identificar sus necesidades de digitalización, entre ellas la de adopción de la factura electrónica, obteniendo una subvención para emplear en la contratación en el mercado de productos o servicios de facturación electrónica y asegurar su implantación efectiva.

Para poder acceder a estas subvenciones se incluye un nuevo requisito mediante la modificación del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que introduce un nuevo apartado 3.bis, según el cual no podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que incumplan los plazos de pago, circunstancia que se acreditará de conformidad con lo previsto en el art. 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, esto es, mediante la presentación de declaración responsable ante el órgano concedente de la subvención.

Vigencia

La Disposición Final Quinta del Anteproyecto regula su entrada en vigor. En lo relativo a la facturación electrónica, se concede un mayor periodo de tiempo a las empresas de menor tamaño para la adaptación a esta nueva obligación. Así, podemos distinguir dos plazos distintos en función del importe de facturación:

  • Empresas y autónomos cuya facturación anual sea superior a 8 millones de euros: al año de su publicación en el BOE.
  • Resto de empresas y autónomos: a los 3 años de la citada publicación en el BOE.

El despliegue del mencionado Digital Toolkit permitirá a las empresas de menor tamaño tener un periodo de transición para adaptarse y contar con el apoyo necesario habida cuenta de que el proceso de digitalización de la factura puede conllevar un mayor esfuerzo para las mismas. Por tanto, resulta lógico que las empresas de menor tamaño cuenten con un periodo transitorio de 3 años para la implementación de la factura electrónica obligatoria, mientras que las grandes empresas, con mayor músculo financiero, encaren la transición en una primera etapa conforme a lo indicado en la Disposición Final quinta.

En conclusión, este Anteproyecto impulsa la adopción generalizada de la factura electrónica mediante la modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales.

Circular 17 – USO DE SOFTWARE NO MANIPULABLE

Aviso de la AEAT sobre la entrada en vigor de la nueva obligación de usar software contable no manipulable

 

Ref. CISS 6857/2021

 

Hacienda advierte de que determinadas obligaciones y sanciones introducidas por la ley de medidas contra el fraude, y que entran en vigor el 11 de octubre de 2021, serán aplicables cuando se produzca el desarrollo reglamentario previsto en la LGT.

El 11 de octubre de 2021 entran en vigor los artículos 29.2.j) y 201.bis de la Ley General Tributaria, introducidos por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (Disposición final séptima de la Ley 11/2021).

 

El artículo 29.2.j) Ley General Tributaria establece “la obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos.”

 

Este artículo añade que “Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad”.

 

El desarrollo reglamentario mencionado en el artículo 29.2.j) está actualmente en curso por lo que la forma de cumplimentar las obligaciones establecidas en dicho artículo aún no está completamente definida y habrá que esperar a que el Reglamento establezca los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos o electrónicos, así como, en su caso, la forma de certificarlos.

 

Por tanto, hay que esperar al desarrollo reglamentario para conocer con detalle los requisitos que deben cumplir los programas y sistemas informáticos, así como, en su caso, la forma de certificación o acreditación de que se cumplen dichos requisitos.

 

El artículo 201.bis Ley General Tributaria regula las infracciones por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable.

El apartado 1 del artículo 201.bis Ley General Tributaria regula define como infracción tributaria grave la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos que:

  • a) permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1.d) de esta Ley;
  • b) permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas;
  • c) permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas;
  • d) permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable;
  • e) no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración Tributaria, en los términos del artículo 29.2.j) de esta Ley;
  • f) no se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o comercializados.

Las letras a), b), c) y d) serán de directa aplicación a partir del 11 de octubre de 2021.

Las letras e) y f) exigen explícitamente un desarrollo reglamentario. Por tanto, no serán de aplicación hasta que dicho Reglamento sea aprobado y entre en vigor

El apartado 2 del artículo 201.bis Ley General Tributaria se refiere a la tenencia por los usuarios de sistemas y programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.

Por tanto, hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario de la certificación a que alude este apartado, los usuarios no podrán ser sancionados por incumplimiento de este artículo.

 

 

Fuente: Agencia Tributaria

 

 

 

 

 

Circular 16 – NOVEDADES REAL DECRETO LEY 18/2021

NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 18/2021

 

Ante la persistencia de los efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19 y con el objetivo de paliar los efectos negativos sobre el tejido empresarial, productivo y sobre el mercado de trabajo, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 18/2021 que ha sido publicado en el BOE del 29 de septiembre de 2021.

Las medidas previstas en el Real Decreto-ley 18/2021 se concretan en:

1.Medidas aplicables a los expedientes de regulación de empleo:

    • La prórroga de los expedientes de regulación de empleo vigentes hasta el 30 de septiembre de 2021 debe ser solicitada por la empresa entre el día 1 y el 15 del mes de octubre presentando relación de trabajadores y días u horas de suspensión o reducción de jornada durante los meses de julio, agosto y septiembre. En caso de ERTE por causas económica, técnicas organizativas o de producción (ETOP), se requiere aportar informe de la representación de las personas trabajadoras con la que se negoció el ERTE a prorrogar.
    • De no presentarse la solicitud de prórroga en el plazo indicado, se dará por finalizado el ERTE y no será aplicable desde el 1 de noviembre.
    • En el caso de que se dictara por la autoridad competente nuevas restricciones y medidas de contención sanitaria vinculadas a la COVID-19, las empresas podrán volver a solicitar nuevos expedientes de regulación de empleo por limitaciones o impedimentos y transitar de uno a otro sin necesidad de solicitar nuevo ERTE.

 

2. Exoneraciones en materia de cotización de los expedientes de regulación temporal de empleo.

ERTE por impedimentos–> 100 % de la aportación empresarial a la seguridad social (obligación de formación)ERTE vinculado a actividad (CNAE), ERTES que transiten de ERTE CNAE a ETOP y los ERTE de empresas integrantes de cadena de valor que transiten a fuerza mayor o ETOP, se beneficiarán de las siguientes exoneraciones:

    • Si tenía 10 o más trabajadores a 29 de febrero de 2020:
      • Sin realizar acciones formativas–> 40% de exoneración sobre cuotas de seguridad social.
      • Con acciones formativas–> 80 % de exoneración sobre cuotas de seguridad social.
    •  Si tenía menos de 10 trabajadores a 29 de febrero de 2020
      • Sin realizar acciones formativas–>50 % de exoneración sobre cuotas de seguridad social.
      • Con acciones formativas–> 80 % de exoneración sobre cuotas de seguridad social.

3. Acciones formativas vinculadas a las exenciones en la cotización a la Seguridad Social.

Las empresas cuyo expediente de regulación de empleo se prorrogado podrán desarrollar acciones formativas para cada una de las personas afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero de 2022, siempre y cuando quieran optar a las exoneraciones vinculadas a acciones formativas indicadas anteriormente.

El número de horas de formación está vinculada al tamaño de la empresa a partir de 10 personas en plantilla:

  • De 10 a 49 trabajadores–>30 horas.
  • De 50 o más–> 40 horas.

El plazo para la realización de las acciones formativas finalizará el 30 de junio de 2022.

 

4.Prestación por desempleo

Los trabajadores afectados por un ERTE continuarán percibiendo el 70 % de la base reguladora de la prestación por desempleo pasados los 6 meses de percibo de la prestación.

 

5.Salvaguarda del empleo.

Las empresas que se acojan a la exoneración de la aportación empresarial a la seguridad social estarán sujetas al compromiso de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad, salvo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores y en los casos de despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo o expiración del tiempo convenido en los contratos de obra o servicio o de duración determinada.

 

6.Horas extraordinarias y nuevas contrataciones.

Se mantiene la prohibición de realizar horas extraordinarias y contratar a nuevos trabajadores, salvo excepciones, mientras esté vigente el ERTE.

 

7. Medidas para los autónomos.

 Los autónomos que se encuentren en alta y al corriente de pago de sus obligaciones con la seguridad social podrán acogerse:

  • Exención de cotización: quienes vinieran percibiendo a 30 de septiembre alguna prestación por cese de actividad tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones en las siguientes cuantías:
    • 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de octubre.
    • 75 % de las cotizaciones correspondientes al mes de noviembre.
    • 50 % de las cotizaciones correspondientes al mes de diciembre.
    • 25 % de las cotizaciones correspondientes al mes de enero de 2022.

La percepción de la prestación por cese de actividad en cualquiera de sus modalidades es incompatible con la exención en la cotización.

  • Prestación extraordinaria por cese de actividad por suspensión temporal de toda la actividad–> la cuantía de la prestación será del 70 % de la base mínima de cotización (661,08 €) y el autónomo estará exonerado de cotización durante el tiempo de percepción. Será compatible con el trabajo por cuenta ajena siempre que no se perciban ingresos superiores al 1,25 veces el SMI y la duración máxima será de 5 meses

 

  • Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia: aquellos que ya vinieran percibiéndola a 30 de septiembre podrán continuar cobrándola siempre que durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 acrediten una reducción de ingresos de la actividad por cuenta propia de más del 50 % respecto de los mismos trimestres del 2019 y no hayan obtenido durante el tercer y cuarto trimestre del 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 8070 €

 

  • Prestación extraordinaria por cese de actividad para quienes no puedan causar derecho a la prestación por cese de actividad del apartado anterior–> La cuantía será del 50 % de la base mínima de cotización (472,20 €) y se exige:
      • No tener rendimientos netos procedentes de la actividad por cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75 % del SMI en dicho periodo.
      • Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos de la actividad por cuenta propia inferior al 75 % de los que hubo en el cuarto trimestre del 2019.

 

Para cualquier aclaración o duda sobre todas estas medidas, o aquellas que hayan sido adoptadas previamente, de las que hemos informado en las últimas circulares y notas de urgencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros para responder a sus preguntas. Deseamos que esta circular haya sido de su interés.

 

 

 

 

Vilanova y la Geltrú, 08 de octubre de 2021

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE

Integración de la Sostenibiladad

 

Estimados clientes y colegas,

El mundo cambia a gran velocidad. Conceptos como el cambio climático, la responsabilidad social corporativa (RSC), los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG), los objetivos de desarrollo sostenible (ODS),   El Green Deal o el apoderamiento  ciudadano forman, hoy en día, parte del día a día de las organizaciones. Y este es un camino que no ha hecho más que empezar.

Las empresas y las organizaciones deben contribuir activamente al desarrollo de la economía, la sociedad y el medio ambiente simultáneamente. Y esta obligación tiene consecuencias para las empresas, que tienen que adaptar sus comunicaciones, actividades e incluso estrategia a las demandas de los ciudadanos y gobiernos si quieren rentabilizar su negocio.

Des de CETEB nos alegra comunicar a nuestros clientes que hemos decidido integrar la SOSTENIBILIDAD como valor dentro de la Cultura de la Empresa.

Sentimos que este valor nos da la oportunidad de contribuir a la sociedad en su conjunto.

Además, nos define de forma diferenciadora, con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a integrar los ODS marcados por la Agenda 2020, mejorando la competitividad y la rentabilidad.

De esta manera, nuestros clientes podrán afrontar un futuro incierto

  • En mercados cada vez más competitivos con regulaciones más estrictas
  • Donde el capital humano y la responsabilidad social serán críticos
  • En el que se destinarán los recursos de las administraciones (fondos de la UE, ayudas post-Covid, etc.) en función del cumplimiento de los ODS
  • Con una estrategia y gestión sostenible que maximizará la viabilidad de sus empresas a largo plazo

 

Trabajamos con nuestros clientes en la transición hacia modelos productivos más sostenibles, cuantificando rigurosamente su consecución en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y desarrollando Planes de Acción para la mejora continua

Quedamos a su disposición para ampliar cualquier información al respecto y aprovechamos para saludarle atentamente,

 

NOVA CETEB S.L.

 

 

 

 

Circular 15 – CUMPLIMIENTO CUENTAS ANUALES (COVID)

Cumplimiento normativo de las Cuentas Anuales

 

Con fecha 26 de Julio se publicó en el BOE los nuevos modelos de cuentas anuales. A pesar de que entraran en vigor el 27 de Julio, la norma establece un periodo de transición para los dos nuevos modelos

  • Los sujetos obligados podrán segur utilizando los modelos y formatos Electrónicos aplicables con anterioridad a la vigencia normativa para la presentación de las cuentas anuales de ejercicios iniciados con anterioridad al 1 enero del 2020
  • Se permite la utilización de los modelos aprobados por la Orden y Resolución que ahora derogan, siempre que la aprobación de las cuentas y su depósito en el Registro Mercantil se haya llevado a cabo con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva orden.

Es decir, los envíos que se han producido des de las 00:00hs del 27 de Julio deben generarse con las nuevas novedades.

Las modificaciones son introducidas por estas dos órdenes ministeriales:

  • Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación: Modelo normalizado abreviado
  • Orden JUS/793/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación: Modelo normalizado consolidado

Novedades en el modelo normalizado abreviado

La primera es sobre una cuestión formal en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas de las sociedades que han sometido sus cuentas anuales a auditoría, acordando la inclusión, en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas, de la fecha de emisión del informe de auditoría, indicación del tipo de auditoría (voluntaria u obligatoria) realizada y el número de ROAC del auditor o sociedad de auditoría que ha emitido el informe.

La segunda novedad versa sobre la información no financiera. La Orden JUS 794/2021 hace referencia a la obligatoriedad de presentar el estado de información no financiera.

Hoja Covid para las Cuentas Anuales 2020

La tercera novedad trata sobre la introducción, de manera excepcional y transitoria, en el modelo de presentación de las cuentas del ejercicio 2020 la hoja de declaración Covid-19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia COVID en las empresas. Tal y como establece la Orden 794/2021, “dicha hoja permite analizar a nivel granular empresarial los efectos de la pandemia y valorar las medidas de política económica puestas en marcha, lo que resultará de enorme interés para unidades ministeriales y áreas de investigación de la Administración pública a las que se dé acceso a estos datos”.

  • Es obligatorio para todas las empresas cumplimentar esta nueva declaración.
  • La hoja COVID debe depositarse con las cuentas anuales del ejercicio 2020 si la presentación se ha producido después de las 23:59 del día 26 de julio de 2021.

Tal y como indica la exposición de motivos del texto oficial, esta hoja «permitirá analizar a nivel granular empresarial los efectos de la pandemia y valorar las medidas de política económica puestas en marcha, lo que resultará de enorme interés para unidades ministeriales y áreas de investigación de la Administración pública a las que se dé acceso a estos datos».

Novedades en el modelo normalizado consolidado

En cuanto al modelo normalizado consolidado, la Orden 793/2021 contempla la previsión del depósito de cuentas consolidado mediante la utilización del formato electrónico único europeo. El uso de este formato único de presentación de información para los informes financieros anuales permite a los Estados miembros posponer un año la aplicación del requisito de elaboración y divulgación de informes financieros anuales empleando el formato electrónico único de presentación de información.

El 12 de febrero de 2021 España comunicó que optaría por el diferimiento por un año de la obligación de presentar el informe financiero anual en el Formato Electrónico Único Europeo. Sin embargo, tal y como resalta la Orden, “muchas sociedades sujetas al empleo de este ya lo han utilizado, como ha resaltado la CNMV. Esta circunstancia hace necesaria su previsión en los modelos de depósitos de cuentas del ejercicio 2020 para las sociedades sujetas a la utilización de este formato único europeo que ya deseen utilizarlo”

En relación con el empleo de los modelos actualmente vigentes para el depósito de las cuentas consolidadas, la Orden establece dos novedades de especial interés:

  1. La primera de ellas se refiere a una cuestión de detalle en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas de las sociedades que han sometido sus cuentas anuales a auditoría. De esta manera, se ha acordado la inclusión, en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas, de la fecha de emisión del informe de auditoría, indicación del tipo de auditoría -voluntaria u obligatoria- realizada y el número de ROAC del auditor o sociedad de auditoría que ha emitido el informe, contemplando a su vez la posibilidad de intervención de más de un auditor o entidad auditora.
  2. La segunda novedad versa sobre la obligatoriedad de presentar el estado de información no financiera, así como su publicación en la página web.

Información para incluir en la Hoja Covid-19 (Cuentas Anuales 2020)

  • Solicitud de ERTE durante el ejercicio y motivado por la pandemia.
  • Motivo del ERTE
  • Qué ha determinado el ERTE
  • Número de trabajadores en plantilla antes del ERTE
  • Número de trabajadores afectados por el ERTE
  • Fecha inicio del ERTE
  • Fecha fin del ERTE
  • Porcentaje de personal, fijo o temporal, acogido a permiso retribuido recuperable.
  • Duración del permiso retribuido recuperable (número de días)
  • Porcentaje de personal fijo afectado por baja laboral por COVID-19
  • Alquileres a Terceros (Grandes Arrendadores), concesiones, reestructuración de deudas, ambos, o ninguna de las anteriores
  • Pequeños Arrendadores. Ha concedido moratorias voluntarias a los arrendatarios
  • Ha recibido ayudas financieras públicas (incluidos avales) al alquiler del local de negocios
  • Importe del aval concedido por el ICO en aplicación de lo establecido en los artículos 29 y 30 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo (en euros)
  • Porcentaje que representa el importe concedido sobre el importe solicitado de aval concedido por el ICO.
  • Describir el plan o programa al que se acoge, el concedente y el sistema (avales, moratoria, aplazamiento, interés bonificado etc.)
  • Moratoria hipotecaria ¿Se ha acogido?
  • Moratoria No hipotecaria ¿Se ha acogido?
  • Se ha solicitado flexibilización y suspensión de suministros (artículos 42 a 44 Real Decreto-Ley 11/2020)
  • Se ha acogido a las medidas de apoyo del sector del Turismo de los artículos 12 y 13 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo.

Los registradores dan 5 meses para adaptar las cuentas anuales

En general, al haber entrado ya en vigor, las cuentas anuales deben depositarse según la nueva normativa recientemente publicada.

No obstante, debido a la incorporación de las nuevas exigencias en un breve periodo de tiempo, el Colegio de Registradores ha habilitado un sistema para su cumplimiento:

  • Las sociedades mercantiles que puedan adaptarse a las nuevas exigencias sobrevenidas (desde el 27 de julio), podrán hacerlo de forma inmediata y digitalizada.
  • Por otro lado, para aquellas que les resulte de difícil o imposible ejecución, podrán usar los modelos de presentación de cuentas anteriores si bien que, deberán subsanar en el plazo 

de 5 meses el defecto que les será advertido, con el fin que en el indicado plazo aporten el resto de la documentación ahora exigida desde el 27 de julio.

A su vez, el Colegio de Registradores ofrecerá más información sobre la forma de subsanar los posibles defectos advertidos como consecuencia del uso de los modelos anteriores

 

Circular 14 – AYUDAS PYMES PARA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ayudas a Pymes para la propiedad industrial

 

“Las marcas son de gran importancia para las empresas, y en particular para las pymes, ya que son uno de los activos intangibles más importantes y constituyen uno de los medios más eficaces de canalización y fidelización de los clientes.”

Los consumidores valoran las marcas, su reputación, su imagen… y están dispuestos a pagar más por un producto de una marca que conocen y con la que se identifican. Para una empresa, el hecho de ser titular de una marca con buena reputación otorga una gran ventaja sobre empresas competidoras.

Os informamos que el Fondo para Pymes “Ideas Powered for Business” apoyado por la Comisión Europea e implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ha lanzado un programa de ayudas dotado de 20 millones de euros para apoyar a las empresas para la protección de sus derechos de propiedad intelectual.

¿Quién puede solicitar esta ayuda?

Esta subvención está destinada a pequeñas y medianas empresas.

¿Cuándo se puede solicitar la ayuda?

La subvención puede solicitarse en uno de los siguientes tramos:

  • Del 1 al 31 de mayo de 2021.
  • Del 1 al 31 de julio de 2021.
  • Del 1 al 30 de septiembre de 2021.

 

¿Puedo pedir la ayuda en todos los tramos?

No, solo se puede pedir en uno de los tramos. No obstante, si la ayuda es denegada se puede solicitar de nuevo.

¿Qué reducción puedo obtener?

Esta subvención permite reducirse hasta un 50 % en las tasas oficiales de solicitud de marca en España, en la Unión Europea y en Benelux.

¿Hay algún límite?

Pueden reembolsarse hasta 1.500 € por pyme.

¿Tiene algún coste solicitar esta ayuda?

Para más información sobre el coste, puedes enviarnos un correo electrónico a ceteb@ceteb.com o bien llamar al 93.810.09.70

¿La subvención debe solicitarse a la vez que la marca?

No, primero debemos solicitar la subvención, y una vez recibamos la resolución favorable, dispondremos de un plazo de 30 días para proceder con la solicitud de marca.

¿Qué tipo de derechos cubre esta subvención?

Además de las marcas, también incluye diseños y modelos. Para poder ayudaros a beneficiaros de esta subvención, por nuestra parte podemos realizar un diagnóstico que ayude a decidir qué derechos de Propiedad Industrial conviene solicitar. Si ya disponéis de derechos registrados podemos contribuir en formular una futura estrategia en materia de Propiedad Industrial.

El nivel territorial de protección elegido dependerá de vuestra estrategia de comercialización y de vuestros planes de crecimiento. En este sentido también os podemos ayudar a trazar la mejor estrategia teniendo en cuenta vuestras necesidades.

Las solicitudes se concederán de acuerdo con el método FCFS (First-comeFirst-served), por lo recomendamos presentar la solicitud lo antes posible.

Desde NOVA CETEB nos ocupamos de todo el proceso de tramitación tanto de la subvención como de la solicitud de los derechos.

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