Circular 13 – IMPUESTO SOBRE ACTIVOS NO PRODUCTIVOS

Impuesto sobre los activos no productivos

 

En mayo de 2019 se publicó en el Diari de la Generalitat de Catalunya, el Decreto 8/2019 que modificó la Ley 6/2017, reguladora del Impuesto sobre los Activos no Productivos de las Personas Jurídicas, que es un impuesto propio de Catalunya.

Este impuesto habiéndose aprobado en mayo de 2017 y habiéndose devengado con fecha 30 de junio de 2017, no se había exigido, a la espera de que resolviera el recurso de inconstitucionalidad, cosa que ya ha sucedido con la Sentencia 28/201, de 28 de febrero, del Tribunal Constitucional, que desestimó el recurso.

Ello implica que las Personas Jurídicas y las entidades que, sin tener personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o patrimonio que tengan objeto mercantil y que posean a fecha de devengo del impuesto, que es el día 1 de enero de cada ejercicio, Activos que no sean productivos y que estén en Cataluña deberán realizar la autoliquidación del Modelo 540.

Sin perjuicio de la necesidad de analizar cada caso en particular, la norma se refiere a los siguientes:

  • Bienes inmuebles.
  • Vehículos de motor con una potencia igual o superior a 200 caballos.
  • Embarcaciones de recreo.
  • Aeronaves.
  • Objetos de arte y antigüedades que tengan un valor superior al establecido en la Ley del Patrimonio Histórico.

 

El impuesto es exigible en toda Cataluña, entendiéndose situados en este territorio los bienes inmuebles allí ubicados, así como el resto de los bienes sujetos cuando su tenencia corresponda a contribuyentes del impuesto con domicilio en Cataluña. Por lo tanto, cuando nos referimos a inmuebles, el impuesto puede sujetar a tributación a sociedades y entidades cuyo domicilio esté ubicado fuera de Cataluña.

La tributación efectiva del mismo se calcula atendiendo a la base multiplicada por una tarifa: La base imponible es el valor catastral para los inmuebles actualizado por la Ley de presupuestos y el valor de mercado para el resto de los bienes. La tarifa para determinar la cuota íntegra es la del Impuesto sobre el Patrimonio que aplica a las personas físicas en Cataluña, es decir, desde un 0,210% hasta un 2,750%.

Hay que recordar que el periodo de declaración es del 1 al 30 de junio de 2021.

Si estáis interesados en ampliar información o creéis que os puede afectar por favor contactar con nuestro departamento fiscal,

 

 

 

Circular 12 – OCUPACION Y REACTIVACION ECONÓMICA

Medidas urgentes por la defensa de la ocupación

 

El pasado viernes día 28 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2021, sobre medidas urgentes, para la defensa de la ocupación, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. En este Real Decreto-ley se expone la nueva normativa en referencia a los ERTE y los aspectos más relevantes se resumen a continuación:

– El 31 de mayo finaliza la vigencia de los expedientes de los ERTES.

– Siguen prorrogados automáticamente todos los expedientes presentados y aprobados por causas de    fuerza mayor, hasta el 30 de septiembre de 2021.

– Sigue vigente respecto a los trabajadores afectados la protección de no despido y que las       prestaciones que cobran no resten un posterior paro.

– Las cuotas de cotización a la seguridad social de las empresas ya no tienen la exención total sino     parcial, y como habrán comprobado cada vez la reducción es menor, pero el ahorro en salarios se   mantendrá.

– Para los ERTE por limitación de actividad, desde el 1 de junio de 2021 hasta el 30 de septiembre de   2021 las empresas de menos de 50 trabajadores podrán beneficiarse de: exoneración del 85% en   junio, 85% en el mes de julio, 75% en el mes de agosto y 75% en septiembre. En cuanto a las empresas de 50 o más trabajadores podrán beneficiarse de: exoneración del 75% en junio, 75% en el   mes de julio, 65% en agosto y 65% en septiembre.

– Continúa la prohibición de hacer horas extras, no se puede contratar a nadie ni directamente ni a través de ETT, ni nuevas empresas de servicios externos durante la vigencia del ERTE. Y se prorroga seis meses más la prohibición de despidos.

 

Circular 11 – SANCION POR FALTA DE DEPÓSITO

Impulso al régimen sancionador por falta de depósito

 

El artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital regula el régimen sancionador por el incumplimiento por parte del órgano de administración de la obligación de depositar las cuentas anuales.

Dispone el artículo 371 del Reglamento del Registro Mercantil que, dentro del primer mes de cada año, los Registradores Mercantiles remitirán a la Dirección General de Fe Pública y Seguridad Jurídica una relación de las sociedades que hayan incumplido la obligación de depósito de las cuentas anuales.

Hasta ahora, prácticamente no se iniciaban procedimientos sancionadores por esta razón, pero con la publicación del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se pretende dar un impulso a la imposición de sanciones.

Las novedades introducidas por el reglamento son las siguientes:

  1. a) Se podrá encomendar la gestión y propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores a los registradores mercantiles del domicilio de la sociedad incumplidora.
  2. b) Se define un plazo de seis meses para resolver y notificar la resolución del procedimiento sancionador.
  3. c) Se establecen los criterios para determinar el importe de la sanción. concretamente:
  4. La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por ciento de la cifra de ventas de la entidad incorporada a la última declaración presentada a la Administración Tributaria.
  5. En caso de no aportar la mencionada declaración tributaria, la sanción será del 2 por ciento del capital social. En caso de aportar la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la cifra de activo y de ventas sea mayor al 2 por ciento del capital social, se cuantificará en sanción con una reducción del 10 por ciento sobre este.

 

 

 

Circular 10 – IMPUESTO EMISION DIÓXIDO DE CARBONO

Nuevo Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono

 

Como sabrán, la Agencia Tributaria de Catalunya ha implantado un nuevo impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.

El tributo se aplica a turismos, furgonetas i motocicletas domiciliados en Catalunya. Están exentos los vehículos 100% eléctricos, ciclomotores, vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, camiones o vehículos de más de 3,5 Tm, autocares y vehículos autorizados a transportar más de 9 personas (incluido el conductor).

El primer año de aplicación del tributo, que corresponde al ejercicio 2.020, están exentos de pagar el impuesto aquellos turismos y motocicletas que emitan menos de 120 g. de CO2/km y las furgonetas que emitan menos de 160g/km. A partir de estos niveles de emisión se deberá pagar una cuota que se incrementará por tramos, cuyo importe va de 0,55 a 276€ para turismos y motos y de 0,3 a 87€ para furgonetas. ver tarifa para el ejercicio 2020

El impuesto se devenga el 31 de diciembre de cada año, siendo el obligado al pago quien conste como propietario en esa fecha.

El padrón provisional de los vehículos que tributan por el impuesto se puede consultar en la sede electrónica de la A.T.C. del 1 al 15 de mayo, pudiéndose presentar alegaciones hasta el 4 de junio. El 1 de septiembre se publicará el padrón definitivo, iniciándose el 15 de septiembre el periodo de pago. Sería conveniente efectuar la consulta del padrón.

En el supuesto de desear domiciliar el pago y recibir las notificaciones por vía electrónica, se aplicará una bonificación del 2% de la cuota. La domiciliación debe tramitarse a través del acceso habilitado al padrón provisional antes del 15 de julio. Caso de no domiciliar, durante el mes de octubre se recibirá una notificación de la A.T.C. con los importes y el plazo de pago.

Si precisan más información del impuesto pueden acceder a la página de la ATC siguiente: https://atc.gencat.cat/impostco2 

Al ser un tributo periódico por recibo, la no recepción de la notificación no exime de su pago en el plazo establecido.

Circular 9 – OBLIGACION REGISTRO SALARIAL

Obligación del registro salarial

 

El 14 de abril entró en vigor el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, donde se establecen un conjunto de medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres en cuanto a la retribución salarial se refiere.

Entre estas medidas se encuentran la obligación de elaborar un registro retributivo salarial e implementarlo a partir del 14 de abril de este año. Esto es consecuencia de lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajado-res, el cual establece la obligación de disponer de registro salarial.

Pero ¿qué es un registro salarial?

Un registro salarial, según el Estatuto de los Trabajadores, es un registro donde se recogen los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. De esta forma se pretende garantizar la transparencia en las retribuciones e igualar la retribución por el mismo trabajo y con igual valor y facilitar el acceso a la información, independientemente del número de trabajado-res de la empresa.

Además, deberá incluir el cálculo anual de la media aritmética y la mediana de lo realmente recibido por cada uno de los conceptos indicados, presumiendo que, en caso de que la media resultante sea superior, en al menos un 25 % de un sexo respecto a otro, existirá brecha salarial, y, por lo tanto, infracción sancionable.

¿Qué empresas deben contar con dichos registros?

Todas las empresas deben disponer de este tipo de registros, independientemente de su tamaño, a diferencia de lo que sucede con el Plan de Igualdad, que solo están obligadas a tenerlo las empresas con más de 50 trabajadores.

¿Qué debe incluirse en este registro salarial?

El registro deberá incluir los valores medios de salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales del modo en que lo indica el Estatuto de los Trabajadores, es decir, por sexos.  También deberán incluir las medias aritméticas y la media de lo que realmente se ha percibido por cada uno de estos conceptos: grupo profesional, categoría, nivel, lugar o cualquier otro sistema de clasificación aplicable.

Deberán incluirse todos los miembros de la plantilla, incluidos el personal directivo y los altos cargos.

¿Quién podrá acceder al registro salarial?

No todo el mundo podrá tener acceso a estos registros. En las empresas con representación legal de los trabajadores, el trabajador no podrá acceder directamente a estos registros, sino que deberá solicitarlo a dichos representantes de los trabajadores. En las empresas en las que no exista esta representación legal de los trabajadores, solo se dará acceso a datos anonimizados respecto las diferencias de porcentajes y la empresa decidirá cuales proporciona y de que modo. Hay que tener presente que el objetivo del registro no es poder conocer si alguien de la empresa cobra más o menos que otro, sino si existe una desigualdad de salarios entre hombres y mujeres.

¿Cada cuánto hay que actualizar el registro?

El registro deberá actualizarse cada año, concretamente, la referencia es el año natural, sin perjuicio de las modificaciones que la empresa estime oportunas en caso de producirse una alteración sustancial de cualquiera de los elementos que integren el registro.

Cuando se quiera crear o modificar el registro, en caso de existir representación de los trabajadores, se les deberá consultar con un mínimo de 10 días de antelación

¿Pueden sancionar a la empresa por no disponer de registro salarial?

Sí, el hecho de no disponer de registro salarial puede ser constitutivo de inicio de acciones administrativas y judiciales, así como la aplicación de sanciones por discriminación, según lo establece el art. 10 del RD 902/2020. Asimismo, y atendiendo a la gravedad de los hechos (no tener este registro o falsearlo, por ejemplo), deberemos acudir a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), la cual establece que:

•             Para las infracciones que se cataloguen como graves, la sanción oscilará entre los 626 y los 6.250 €.

•             Para las infracciones que se cataloguen como muy graves, la sanción oscilará entre los 6.251 y los 187.515 €.

Y, ¿cómo debe ser este registro?

En estos momentos se desconoce el formato que la Administración quiere que tenga dicho registro, sin embargo, y según indica el diario “Cinco días”, “el Gobierno ha creado una herramienta que será voluntaria y gratuita, según han con-firmado a EFE fuentes del Ministerio de Trabajo. Esta herramienta, consensuada entre los Ministerios de Trabajo e Igualdad y los agentes sociales, permitirá hacer «sencilla, inteligible e intuitiva» la elaboración de esos registros salariales”.

En conclusión, a partir del 14 de abril toda empresa debe disponer de un registro de salarios, como medida dirigida a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres que ronda el 22 % actualmente en España. Cuando en una empresa con al menos 50 trabajadores, el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un 25 % o más, el empresario deberá justificar que el motivo responde a causas objetivas y no supone una discriminación de género.

Para cualquier aclaración o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros para responder a sus preguntas. Deseamos que esta circular haya sido de su interés.

Circular 8 – APLAZAMIENTO DE LA LIQUIDACION TRIBUTARIA

Nuevo aplazamiento para las liquidaciones de tributos del primer trimestre

 

El RD-ley 5/2021 en su Disposición Adicional Tercera regula un aplazamiento especial con unas condiciones concretas al que pueden acogerse las sociedades que durante el ejercicio 2020 su volumen de operaciones no haya superado la cifra de 6.010.121,04€.

Podrán aplazarse aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice entre el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021.

Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

  1. b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta. Modelo 111, 115, 123, entre otras.
  2. f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas, Modelo 303.
  3. g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. Modelo 202

Las condiciones del aplazamiento son:

  • El plazo será de seis meses.
  • No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento.

Se trata de un aplazamiento de 6 meses, no de hasta 6 meses. Se concede un plazo de 6 meses desde la fecha límite de ingreso en voluntaria, con los 4 primeros meses sin intereses.

Si se quiere pagar antes, se podrá solicitar carta de pago para efectuar el ingreso. Si lo hace antes de los 4 meses, no devengará intereses.

  • El importe máximo en conjunto de las deudas aplazadas no podrá exceder de 30.000 euros, ya se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago.
  • Se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.

Si posteriormente a la concesión del aplazamiento se reconociera la devolución de algún importe por parte de la Agencia tributaria, dicha devolución se compensará con los pagos aplazados.

Los aplazamientos que superen los 4 meses devengarán un interés anual del 3,75% por los dos meses restante, es decir el 0,625% de la cantidad aplazada.

Para cualquier aclaración o duda,  no dude en ponerse en contacto con nosotros para responder a sus preguntas. Deseamos que esta circular haya sido de su interés.

Circular 7 – AYUDAS DIRECTAS PARA AUTONOMOS Y EMPRESAS

Ayudas para autónomos y empresas

 

Con fecha 13 de Marzo se ha publicado el Real Decreto-Ley 5/2021 de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta al Covid-19.

Este R.D establece tres tipos de ayudas:

a. Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, dotada con un importe de 7.000 millones de euros

b. Línea para la reestructuración de deuda financiera Covid, dotada con un saldo de 3.000 millones de euros

c. Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid, dotada con un saldo de 1.000 millones de euros

Las condiciones para acogerse a las ayudas de los apartados b) y c) aún deben ser aprobados en Consejo de Ministros, por lo que pasamos a comentar las particularidades y condiciones del apartado a)

Particularidad de las ayudas directas

– Destinado a empresas y autónomos con domicilio fiscal en territorio español- La dotación será de 2.000 millones de euros para Baleares y Canarias y 5.000 millones de euros a repartir entre el resto de comunidades.

– Se tramitará a través de la comunidad autónoma donde se encuentre el domicilio fiscal, quien hará la convocatoria de las ayudas, gestionará las solicitudes y fijará los requisitos y hará el seguimiento de su cumplimiento

– Podrán acogerse aquellos empresarios o profesionales que hayan sufrido una caída del volumen de operaciones anual, comprobado según el I.V.A., El ejercicio 2020 más de un 30%, respecto al año 2019.

– Sólo podrán acogerse aquellas empresas y autónomos que puedan acreditar una actividad clasificada en alguno de los CNAE-09 previstos en el Anexo 1 adjunto, en el momento de la entrada en vigor de la norma (13-3-21)

– No podrán solicitar la ayuda aquellos empresarios que hayan declarado en el ejercicio 2019 un resultado negativo para la actividad económica en la declaración del IRPF, o, en su caso, una base imponible negativa en el Impuesto de Sociedades .

– Aunque las CCAA podrán establecer criterios mes restrictivos, las ayudas no podrán superar los siguientes límites:

I. 3.000 € para empresarios que apliquen el régimen de estimación objetiva (módulos)

II. El 40% de la caída del volumen de operaciones, el año 2.020 respecto al año 2019, que supere el 30%, para empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa y para las entidades que tengan un máximo de 10 empleados.

III. El 20% de la caída del volumen de operaciones, el año 2.020 respecto del año 2.019, que supere el 30%; para entidades, empresarios o profesionales que tengan más de 10 empleados

Para los supuestos II) y III) anteriores, el importe de la subvención no podrá ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €

Condiciones de las ayudas directas

– No estar en concurso de acreedores ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud

– Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social

– Deberán mantener la actividad, como mínimo, hasta el 30 de Junio ??del 2.022

– No repartir dividendos durante 2.021 y 2.022

– No incrementar el sueldo del equipo directivo durante dos años desde la aplicación de estas medidas

El incumplimiento de alguna de estas condiciones provocará la obligación de devolución de las cantidades obtenidas, así como de los gastos generados en su tramitación y devolución

Para cualquier aclaración o duda sobre todas estas medidas, o aquellas que hayan sido adoptadas previamente, no dude en contactar con nosotros para responder a sus preguntas.

Deseamos que esta circular haya sido de su interés.

Circular 6 – LA VENTA JUDICIAL DE LAS EMPRESAS EN CRISIS

La venta judicial de empresas en crisis

 

La grave situación que afecta la economía, de manera fundamental provocada por la situación de la COVID-19, provocará en las próximas semanas, graves problemas de solvencia de muchas empresas que se verán inmersas, más pronto que tarde, en una situación crítica a la hora de hacer frente a sus obligaciones económicas. El panorama ratificado, tanto por operadores jurídicos como por la propia judicatura especializada en temas mercantiles, supondrá una “avalancha” en los Juzgados especializados, que puede comportar un colapso procesal-judicial sin precedentes.

Desde esta situación anunciada, se plantean dudas respecto a todo lo que hace referencia a las posibilidades de salida al problema por parte de muchas empresas que, pese a su situación crítica actual, tienen perspectivas de futuro prometedoras.

Desde este planteamiento se ha empezado a debatir en los foros jurídicos una cuestión que consideramos de trascendencia futura, como es “la venta de unidades productivas” o inclusive la venta de los activos de muchas de ellas. Todo ello íntimamente relacionado con la nueva legislación concursal, en vigor hace escasos meses.

El modelo que se plantea, conocido ya en medios especializados como el “PRE-PACK CONCURSAL”, que, bajo el objetivo de impedir el deterioro y la caída de precios de los activos de todo orden de las empresas abocadas a la vía concursal, es una posibilidad de futuro que puede garantizar la viabilidad para muchos aglomerados empresariales, actualmente en una situación de precariedad absoluta.

La fórmula que ya se está comentando, se desarrollaría en la “Fase Pre-concursal”, solicitando al Juez el nombramiento de un responsable que, a diferencia del administrador concursal, no vendría a intervenir la empresa ni a suspender su funcionamiento, sino que “acompañaría” a la misma en la búsqueda de posibles adquirientes para, en una segunda fase, convertirse en administrador concursal que presentaría la solicitud de concurso, con ofertas vinculantes concretas.

La figura que comentamos debería ser capaz de encontrar potenciales compradores en el sector implicado de cada una de ellas, y a la hora de presentar la declaración de concurso, ya planteara alternativas concretas, ello supondría la disminución de plazos en el trámite procesal, respecto a la liquidación de unidades productivas, la reducción de costes, la posibilidad de que los activos no perdieran valor y, sobre todo, si fuera el caso, la continuidad de la unidad productiva en base a dicho traspaso acelerado que garantizaría la continuidad de la propuesta empresarial.

Evidentemente, y pese a la bonanza que de entrada merece la propuesta, en funcionamiento en países como Holanda o Reino Unido, y cuya referencia se podría enmarcar en la propia Directiva Europea 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2019, sobre marcos

de reestructuración preventiva, la realidad es que se producirán dudas que deberán resolverse en la propia práctica diaria de esta nueva fórmula que puede garantizar una viabilidad posible a muchas operaciones en puertas de optar por la vía concursal de manera urgente.

Esperemos que la nueva opción que deberá desarrollarse en los próximos meses en base a la propia práctica objetiva de su aplicación, deberá comportar una alternativa de futuro que permita la agilización judicial por una parte, y la concreción de ofertas concretas en la venta de unidades productivas por otra, salvando la situación vigente que, junto con las dudas procesales y legales, debe asumir unas demoras que en la mayoría de casos llevan irreversiblemente a la liquidación definitiva de opciones empresariales que podrían haber sido viables.

Para cualquier aclaración o duda sobre esta información, no dude en ponerse en contacto con nosotros para responder a sus preguntas.

Deseamos que esta circular haya sido de su interés.

Circular 5 – IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES

La Agencia Tributaria de Cataluña aumenta el control del impuesto de sucesiones y donaciones

 

El martes 9 de febrero de 2021, El Gobierno de Cataluña aprobó un decreto que aumenta el control sobre las operaciones que pueden acumular el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Aunque el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto estatal, las Comunidades Autónomas tienen facultades para establecer reducciones, definir tasas y deducciones y controlar la gestión y liquidación de impuestos.

Con el nuevo decreto, el Gobierno regula las condiciones y plazos en los que los notarios con sede en Cataluña deben enviar documentación a la Agencia Tributaria de Cataluña. La obligación afecta, no sólo a los actos que tienen importancia para la gestión de los impuestos sobre herencias y donaciones, sino también a los que tienen relevancia a efectos de los impuestos sobre las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados

Los notarios de Cataluña deben enviar una copia en PDF de la escritura en cuestión en un plazo de diez días hábiles a partir de la formalización de la escritura pública, aunque establece que este plazo podría ampliarse, excepcionalmente, por causa justificada y siempre dentro del límite de presentación del impuesto correspondiente.

Hasta ahora, los notarios tenían que enviar un expediente con los detalles básicos de cada operación y, sólo en caso de solicitud del propio ATC, la totalidad de la escritura se enviaba si se sospechaban irregularidades. Al menos, en el momento de la declaración de impuestos y la autoliquidación por parte de los contribuyentes, tenían que enviar una copia de la escritura revisando los datos pertinentes para el devengo del impuesto. Cabe señalar aquí que el 2 de febrero, por orden del Departamento de La Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, se modificaron de nuevo los formularios 650 y 652 para la presentación y autoliquidación de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones.

El cambio, entonces, supone que el ATC tiene acceso a la información completa de la operación en paralelo con el contribuyente y no sólo una comunicación con la información esencial de cada transacción que pueda ser gravada por uno de estos impuestos. Algunos fiscalistas dudan de la capacidad de la administración para revisar la avalancha de documentación que se va a obtener a raíz de este Decreto. Es posible que a corto plazo sirva para comprobar de forma fiable aquellas operaciones sospechosas de irregularidad sin necesidad de solicitar expresamente al notario. Lo que es seguro es un mayor control de la administración sobre la aplicación del impuesto.

Para cualquier aclaración o duda sobre todas estas medidas, o aquellas que hayan sido adoptadas previamente, de las que hemos informado en las últimas circulares y notas de urgencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros para responder a sus preguntas. Deseamos que esta circular haya sido de su interés.

Cordialmente,

Circular 4 – FINANCIACION ICO PARA AUTÓNOMPS Y EMPRESAS

Líneas de financiación ICO 2021 para autónomos y empresas

 

Durante el año 2021 se pueden solicitar las LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO ICO 2021 para los AUTÓNOMOS Y EMPRESAS que el Instituto de Crédito Oficial lanza cada año.

La línea ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2021 está dirigida a trabajadores autónomos y empresas que realizan su actividad empresarial en España, independientemente de su domicilio social o fiscal y si la mayor parte de su capital es español o extranjero, para financiar proyectos de inversión y/o cubrir necesidades de liquidez.

La financiación puede destinarse a proyectos de inversión y/o a las necesidades generales de la actividad, entre otras: necesidades de liquidez para cubrir gastos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, o compra de mercadería, etc. También   pueden subvencionarse las necesidades tecnológicas, los activos fijos productivos nuevos o de segunda mano, los vehículos turismo y los vehículos industriales, la adaptación y reforma de instalaciones y la adquisición de empresas.   El importe máximo del préstamo es de 12,5 millones de euros, en una o más transacciones por cliente y año.

También pueden solicitar financiación a través de esta línea, particulares y comunidades de propietarios y grupos de comunidades de propietarios para la rehabilitación de viviendas o edificios y/o la reforma de sus elementos comunes.  

Los períodos de amortización serán de 1 a 6 años, con la posibilidad de hasta 1 año de carencia de principal, de 7 a 9 años con hasta 2 años de carencia, y de 10 a 20 años con hasta 3 años de carencia.

  • La LÍNEA ICO DE GARANTÍA SGR/SAECA 2021 permite financiar inversiones realizadas en España o fuera del territorio nacional y/o cubrir necesidades de liquidez que tengan la garantía de un SGR o SAECA.

  • La línea ICO CRÉDITO COMERCIAL se mantiene para los trabajadores autónomos, emprendedores y empresas con domicilio social en España que deseen obtener liquidez mediante el suplido del importe de las facturas procedentes de su actividad comercial dentro del territorio nacional o cubriendo los costes previos de producción y preparación de los bienes o servicios que se comercializan en España (prefinanciación). Las facturas con una fecha de vencimiento no superior a 180 días a partir de la fecha de firma de la operación pueden ser anticipadas. Se puede financiar hasta el 100%, siempre que no supere el importe máximo de 12,5 millones de euros de saldo vivo por cliente y año, en una o más operaciones. Cuando las facturas provendrán de ventas fuera de España, se utilizará la línea ICO EXPORTADORES 2021.

  • La línea ICO INTERNACIONALIZACIÓN 2021 en su tramo I «inversión y liquidez«, dirigida a trabajadores autónomos, empresas  y entidades públicas y privadas españolas, incluidas las domiciliadas en España, y aquellas domiciliadas en el extranjero que tengan al menos el 30% del capital de la empresa española, que realicen inversiones productivas fuera del territorio nacional, incluyendo la adquisición de empresas y la creación de empresas en el extranjero, la adecuación y reforma de las instalaciones, y/o necesidad de cubrir sus necesidades de liquidez.

  • La línea ICO INTERNACIONALIZACIÓN 2021 en su tramo II «exportadores a medio y largo plazo» destinada a financiar empresas con domicilio social en España o domiciliadas fuera de España con «interés español» para la venta de bienes o servicios, nuevo o de segunda mano, con aplazamiento de pago a empresas con domicilio social fuera de España (Proveedor de Crédito),o destinado a financiar sociedades con domicilio social fuera de España, para la adquisición de bienes o servicios exportados por empresas con domicilio social en España o con domicilio social fuera de España con «interés español» (Crédito de Comprador).

  • La línea ICO CANAL INTERNACIONAL 2021 se mantiene para trabajadores autónomos, emprendedores y empresas, domiciliadas en España o en el extranjero con «interés español» para financiar operaciones de inversión y liquidez y operaciones de exportación a medio y largo plazo. La tramitación de las operaciones se llevará a cabo directamente a través de las instituciones financieras internacionales con las que el ICO firma acuerdos de colaboración o sus entidades colaboradoras en el caso de que desarrolle este esquema operativo.

Para más información sobre cualquiera de las líneas pueden consultar con las entidades bancarias, que han firmado un convenio de colaboración con la ICO.

Cordialmente

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